Desde la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocada por la propagación global del coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, diferentes países y organizaciones están presentando aplicaciones móviles encaminadas a combatir su proliferación.

En los primeros días del confinamiento surgieron algunas destinadas a realizar autodiagnósticos con el objetivo de ayudar a descongestionar los servicios de atención primaria saturados ante el exponencial aumento de llamadas y visitas de personas que tenían, o creían tener, síntomas de haber contraído la enfermedad.

Posteriormente aparecieron otras, las más utilizadas actualmente, encaminadas a dotar a los teléfonos inteligentes de sistemas de alertas para informar si una persona ha estado en contacto con alguien infectado con el virus.

Su funcionamiento, basado en la geolocalización y/o en el protocolo de comunicaciones Bluetooth, consiste en ir almacenando identificadores de diferentes personas para llevar a cabo la trazabilidad de los potencialmente infectados.

Al cargar la aplicación en el móvil, cuando nos encontremos en las inmediaciones de otras personas que también lo hayan hecho, contactan ambas aplicaciones intercambiando un identificador cifrado que se almacena en bases de datos, centralizadas o no.

Si una de las personas cuyo identificador ha sido almacenado da positivo por la enfermedad el sistema enviaría un aviso a todos los contactos registrados en la base de datos que se hayan encontrado en las proximidades de ella,

La utilidad de estas aplicaciones es evidente, pero también generan interrogantes a los que habrá que responder antes de su implantación definitiva. Entre ellas la mas importante se refiere a la protección de los datos ¿Quién y cómo los almacenaría asegurando la privacidad de los usuarios y que no se utilicen para otros fines?

Surgen otras dudas en temas como su potencial éxito o fracaso en el caso de no utilizarse de forma masiva o, relacionado con esto, la necesidad o no de disponer dispositivos inteligentes, sus limitaciones técnicas, etc.

Algunas respuestas a estos interrogantes podemos encontrarlas en el artículo publicado por la Asociación de Internautas , títulado “Sobre la contribución de las aplicaciones móviles contra el COVID -19” donde expresa su opinión al respecto un panel de expertos integrado por Marta Beltrán, Juan Miguel Pulpillo y Borja Adsuara y Ofelia Tejerina, miembros ambos del patronato de la Fundación España Digital, a la que tengo el honor de pertenecer como patrono y presidente de su patronato.

¿Existe un consenso universal o regional sobre el uso de estas aplicaciones?

Es difícil prever que llegue a alcanzarse un acuerdo ampliamente aceptado sobre la utilización de estas aplicaciones debido fundamentalmente a dos motivos: la interoperabilidad y la protección de los datos.

La segunda de estas razones, la protección de los datos, es posiblemente la más difícil de acordar dadas las diferentes actitudes de las naciones ante este tema tan sensible. El debate se centra principalmente en la centralización de los datos pues, en este caso, quien fuera el propietario, o detentador de las bases de datos centralizadas, tendría acceso a una ingente cantidad de ellos cuyo procesamiento podría ser útil por ejemplo para conocer la propagación del virus y de su enfermedad,  pero a su vez daría lugar a utilizaciones que afectaran gravemente a la privacidad de los ciudadanos.

¿Y en la Unión Europea y en España?

En nuestro entorno se han desarrollado diversas iniciativas para las que se busca un acuerdo de interoperabilidad que permita asegurar que en los desplazamientos por diferentes Estados se pueda utilizar la aplicación nacional sin tener que cargar la propia del país que se visita.

En este sentido la Comisión Europea acaba de alcanzar (junio 2020) un acuerdo con los Estados miembro para establecer unas especificaciones técnicas de interoperabilidad de las aplicaciones que garanticen el intercambio seguro de información entre ellas, con independencia de su procedencia, para que los usuarios reciban alertas individuales en cualquier país de la Unión Europea.

En España todavía permaneceremos algún tiempo al margen de tal interoperabilidad dado que el Gobierno no pondrá en marcha hasta finales de junio un proyecto de aplicación de rastreo del Ministerio de Sanidad y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración del Gobierno de Canarias, cuyo prototipo se probará en la isla de La Gomera.

Este modelo se basa en el protocolo DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) que como sugiere su nombre se considera que protege mejor la privacidad, adaptándose al vigente Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) y a la reciente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD GDD), ya que al ser descentralizado, como también se indica en su nombre, los datos personales se guardan en los teléfonos individuales, en lugar de en un servidor centralizado, evitando, al menos teóricamente, que puedan ser procesados masivamente con intenciones más o menos malintencionadas.

En conclusión; este ejemplo de soluciones tecnológicas para mejorar la vida de los ciudadanos, en casos tan importantes como la salud en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, pone en evidencia una vez más que la verdadera transformación digital debe enfocarse a poner la tecnología al servicio de las personas.